Oferta institucional y marginación social. Experiencias de un grupo de bordadoras en Tesopaco, Sonora

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), promulgada en diciembre de 2001, es considerada por autores como Carton de Grammont (2004) y Sepúlveda (2003), como un intento por promover un desarrollo rural desde la perspectiva del territorio, reconociendo la complejidad de realidad rural contemporá...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Araceli del Carmen Andablo Reyes, María del Carmen Hernández Moreno
Formato:	article
Lenguaje:	ES
Publicado:	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 2010
Materias:	desarrollo rural territorio oferta institucional marginación Nutrition. Foods and food supply TX341-641 Social sciences (General) H1-99
Acceso en línea:	https://doaj.org/article/3d3c65f6ec30428490337cdb2514b7d5
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description	La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), promulgada en diciembre de 2001, es considerada por autores como Carton de Grammont (2004) y Sepúlveda (2003), como un intento por promover un desarrollo rural desde la perspectiva del territorio, reconociendo la complejidad de realidad rural contemporánea y el papel que juega la sociedad rural en el contexto socioeconómico globalizado. Sus lineamientos constatan el reconocimiento y revaloración de la multifuncionalidad y pluriactividad de la economía campesina, así como la orientación hacia un desarrollo rural con equidad, justicia social y equilibrio ambiental. Sin embargo, a más de seis años de su publicación, la población rural en condiciones de marginación aún enfrenta dificultades para acceder a los programas de apoyo. Si bien, el cambio en la visión gubernamental sobre el desarrollo rural abre áreas de oportunidad para los pobres, la oferta institucional todavía está lejos de cumplir con lo que ofrece la LDRS. Este artículo presenta la experiencia de un grupo de campesinas de la comunidad de Rosario, Sonora, en la gestión de recursos públicos para un proyecto productivo, enfatizando los retos y oportunidades que les ha significado iniciar su proyecto productivo y garantizar su continuidad, en el contexto que establece la ley.
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