Los Principios Ruggie y la debida diligencia en el derecho fundamental de Consulta Previa

En este artículo se aborda la relación entre empresa y Estado, que se encuentra ligada por la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos «John Ruggie». Aunque estos principios no son fuente formal del derecho internacional, ya que son soft...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Piedad Andrea Rodriguez, Daniela Alejandra Gómez, Daniela Caicedo
Formato: article
Lenguaje:ES
Publicado: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) 2019
Materias:
Acceso en línea:https://doaj.org/article/6a4ccd5907ec455aac895a954e3cb5a6
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Descripción
Sumario:En este artículo se aborda la relación entre empresa y Estado, que se encuentra ligada por la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos «John Ruggie». Aunque estos principios no son fuente formal del derecho internacional, ya que son soft law, en su esencia, recopilan las bases para mitigar, prevenir y reparar las afectaciones a derechos humanos que causen las empresas en el desarrollo de actividades económicas a comunidades que se encuentren en un territorio específico. Debido a esto, cada vez más se ve su aplicación en políticas públicas por parte de los Estados y en planes de ejecución empresarial mediante la aplicación de la debida diligencia. Este concepto cobra mayor relevancia por ser una herramienta más de defensa de la Consulta Previa, y a su vez ser el puente de conexión entre la aplicación de los Principios Rectores y los efectos que conlleva generar una afectación a los derechos humanos. Abstract: This article approach the relationship between business and the State is linked by the application of the United Nations Guiding Principles on Human Rights and Business «John Ruggie». Although these principles are not a formal source of international law since they are soft law, in essence, they gather the bases to mitigate, prevent and repair the human rights violations caused by companies in the development of economic activities to communities that are in a specific territory. Also, it is increasingly seen its application in public policies by the States and in business execution plans through the application of due diligence. This concept is more relevant because it is one more tool to defend the Prior Consultation; and at the same time, be the connecting bridge between the application of the Guiding Principles and the effects entailed in generating an impact on human rights.